Victor Marcos Morell, nuevo Director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE

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26 junio 2020.- Victor Marcos Morell, ha sido nombrado por el Consejo de Administración del IDAE en la sesión celebrada el pasado 12 de junio de 2020, Director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico

Victor Marcos Morell es Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Industrial del Estado desde el año 2016. Con más de 10 años de experiencia en el sector energético, y especialmente en el de las energías renovables. Ha desempeñado distintos puestos en la industria renovable, principalmente como analista de riesgos en financiaciones, compraventas, refinanciaciones y promoción de proyectos. Dentro de esta experiencia ha parricipado en proyectos de prácticamente todas las tecnologías renovables (solar fotovoltaica y de concentración, eólica, residuos, etc.) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
 
En el año 2016 se incorporo a la Subdirección General de Energías Renovables y Estudios dentro de la Secretaría de Estado de Energía. Ha participado entre otros proyectos,en los trabajos relacionados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). También ha desarrollado otros trabajos de prospectiva energética, de análisis y desarrollo normativo, entre otras, de la Directiva de Energías Renovables y el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía.
 
Asimismo, también ha realizado multitud de labores de representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demografico, nacional e internacional, charlas y presentaciones sobre la política energética relacionadas con la visión de largo plazo que se refleja en el PNIEC. 
 
Desde enero de 2020 ha formado parte del gabinete de la Secretaria de Estado de Energía

IDAE inicia una ronda de reuniones con las asociaciones del sector de automoción para compartir inquietudes y presentar los aspectos más relevantes del MOVES II

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En esta primera ronda han participado ANFAC, AEDIVE, Asociación Española de Renting de Vehículos y FACONAUTO, que han coincidido en valorar positivamente este programa en su segunda convocatoria.

Uno de los aspectos singulares de la nueva edición del MOVES es que la compra de cualquier tipo vehículo, incluidas las motos, realizada por particulares, podrá acogerse a los beneficios de las ayudas desde el mismo día de la entrada en vigor del real decreto.


Madrid 26 junio 2020.-  Iniciando lo que será una ronda de reuniones con las asociaciones del sector de la automoción, el Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía , IDAE, se ha reunido hoy  con ANFAC, AEDIVE, Asociación Española de Renting de Vehículos y FACONAUTO para presentarles los aspectos más relevantes del Programa MOVES II de impulso a la movilidad sostenible, aprobado recientemente por el Gobierno a instancia del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

EL MOVES fue aprobado mediante RD 569/2020 de 16 de junio y está dotado con 100 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de compra directa de vehículos eléctricos, instalación de infraestructuras de recarga, sistemas de préstamos de bicicletas, implantación de planes de transporte al trabajo, incluyendo iniciativas de los ayuntamientos para adaptar la movilidad de los ciudadanos a las exigencias impuestas por la COVID 19.

El programa está coordinado por el IDAE y son las Comunidades y Ciudades Autónomas las responsables de su gestión mediante convocatorias de las ayudas en sus respectivos territorios.

Uno de los aspectos relevantes de la nueva edición del MOVES es que la compra de cualquier tipo vehículo, incluidas las motos, realizada por particulares sin actividad profesional, podrá acogerse a los beneficios de las ayudas desde el mismo día de la entrada en vigor del decreto; es decir, desde el pasado día 18 de junio. El IDAE incluirá en su web, a través del documento de Preguntas Frecuentes, respuesta a aquellas dudas que pudieran surgir en estas adquisiciones previas a que se publiquen las convocatorias de las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que serán las que posteriormente gestionarán las ayudas.
Igualmente, se señala que la vigencia del Programa en cada Comunidad será de doce meses a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, y no como en la anterior edición que fue a término de año y en la misma fecha en todos los territorios, independientemente de cuándo se hubiese hecho esa convocatoria.


Valoración de las asociaciones

José María López Tafall, Director General de ANFAC ha señalado que este es “un muy buen MOVES que ahora hay que tratar de agotar”. Así mismo ha valorado el esfuerzo del Programa por admitir la elegibilidad de las compras de vehículos por parte de los particulares desde la entrada en vigor del Real Decreto: “ayuda mucho desde el punto de vista del mercado “.
Por su parte, Arturo Pérez de Lucía, Director General de AEDIVE, ha transmitido a IDAE la buena acogida del programa entre sus asociados, manifestando a la vez su preocupación por la confusión generada por la convivencia de dos programas como el MOVES II y el anunciado RENOVE, aun sin articular: “deberían aclararse todos los aspectos de manera que no se vieran frenadas decisiones de compra”. AEDIVE, así mismo, expuso la importancia de que las autonomías aceleren la convocatoria de ayudas en sus territorios.
En ese sentido, Joan Groizard anunció que a día de hoy la Comunidad de Madrid, Andalucía y Navarra ya han solicitado al IDAE, la transferencia de los recursos económicos que les corresponden.
Agustín García, como Director General de la Asociación Española de Renting de Vehículos, valoró también positivamente el Programa, señalando las particularidades de los clientes de renting como beneficiarios últimos de las ayudas.
Por último, Marta Blázquez, vicepresidenta FACONAUTO, coincidió en la buena valoración del MOVES, resaltando el trabajo conjunto llevado a cabo con IDAE para enriquecerlo y corregir aspectos de la anterior convocatoria. FACONAUTO expresó claramente su implicación y la de sus asociados, los concesionarios, en definitiva embajadores del Programa ante el cliente final, para que sea un éxito.
Las Asociaciones, además, han compartido dudas técnicas relativos a facturación, uniformidad de gestiones, fiscalidad, limitación de la elegibilidad, titularidad, compatibilidad, etc., que el IDAE ha aclarado, comprometiéndose a elaborar y difundir información, en diferentes formatos, relativa a todos esos aspectos y para todos los sectores implicados.
 

El Gobierno destina 20 millones de euros al impulso de las renovables en Canarias

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Se autoriza el programa “SolCan”, una convocatoria de ayudas que gestionará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Las ayudas se inscriben en los programas de estímulo de renovables en sistemas eléctricos insulares que, por su carácter aislado, presentan barreras para la integración de estas tecnologías

En total, el Gobierno ha movilizado 115 millones de apoyo público y aproximadamente 620 millones de euros de inversión en Canarias e Illes Balears, que han supuesto la instalación de 650 megavatios (MW) renovables

 

23/06/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la convocatoria de ayudas “SolCan” para 2020, que destinará 20 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el archipiélago de las Islas Canarias.

Con “SolCan” se prevé la entrada en funcionamiento de 150 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma. El programa será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios que existen entre sus regiones.

Esta es la tercera convocatoria realizada en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, después de la convocatoria para tecnología eólica, también en Canarias (EolCan) y la convocatoria para tecnología solar fotovoltaica en Baleares (SolBaL), que en total suponen la movilización de 115 millones de euros en apoyo público, aproximadamente 620 millones de euros de inversión y la puesta en marcha de aproximadamente 650 MW renovables.

SINGULARIDAD DE LOS TERRITORIOS INSULARES

Debido a la insularidad, los sistemas eléctricos de territorios no peninsulares presentan singularidades que suponen una barrera para la integración de energías renovables, actualmente la fuente más barata de generación. A pesar de ellos, tanto Canarias como Illes Balears han avanzado en el despliegue de energías limpias con ejemplos ya emblemáticos para el sistema eléctrico español como la isla de El Hierro, que ha conseguido autobastecerse con renovables de forma puntual.

En Canarias, el porcentaje de producción renovable en 2019 se situó en torno al 16,4% frente al 38,6% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año. Por ello, y con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, resulta imprescindible la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2.

En concreto, la convocatoria –en la que el Gobierno de España ha contado con la colaboración del Ejecutivo canario y del sector energético presente en el archipiélago–, ofrecerá subvenciones con cargo a FEDER que serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el IDAE podrá anticipar la totalidad de la ayuda concedida a los beneficiarios.

La convocatoria se realiza en línea con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (POCS) del programa FEDER, que establece como prioridad de inversión el fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables y, en particular, su desarrollo en los denominados Sistemas Eléctricos en Territorios No Peninsulares (SETNP).

 

España apoya la nueva estrategia de crecimiento para la UE basada en la acción climática, el impulso a las energías renovables y la economía circular y la conservación de la biodiversidad

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Los ministros de Medio Ambiente de la UE coinciden en que el Pacto Verde Europeo debe ser el principio rector de la recuperación tras la crisis provocada por el COVID-19

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que esa recuperación sostenible “requiere coherencia de políticas públicas y marcos regulatorios que propicien inversiones limpias”

España ya cuenta con una hoja de ruta para la reconstrucción, que incluye el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, el paquete normativo de economía circular y el real decreto aprobado para ayudar al despliegue de las energías renovables

 

23/06/2020.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha participado hoy por videoconferencia en el Consejo informal de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea centrado en cómo las políticas ambientales y climáticas pueden contribuir a la recuperación y a la nueva estrategia de crecimiento para la UE. La discusión, propuesta por la presidencia saliente del Consejo, Croacia, ha incidido en que el Pacto Verde Europeo debe ser el principio rector de esa recuperación, impulsada en este primer semestre del año con la puesta en marcha de tres iniciativas: la ley europea del Clima, el Plan de Acción de Economía Circular y la Estrategia de Biodiversidad a 2030.

En este sentido, Morán ha señalado que esa recuperación sostenible “requiere coherencia de políticas públicas y marcos regulatorios que propicien inversiones limpias en el esfuerzo económico que tenemos por delante”.

Para ello, España cuenta ya con un mapa acertado: ha trasladado a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC); ha remitido a las Cortes el primer proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética; ha aprobado el anteproyecto de ley de Economía Circular y la Estrategia Española de Economía Circular, y ha presentado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Y hoy mismo el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Este real decreto ayudará al despliegue de las energías renovables, eje destacado en la agenda europea de reconstrucción, procurando una regulación estable y coherente en todo el territorio, que abarata la factura de la luz y que genera competitividad económica. Asimismo, España está elaborando una hoja de ruta del hidrógeno renovable en cumplimento del PNIEC, pues ésta es una de las tecnologías con más potencial en la próxima década.

EFECTO TRACTOR SOBRE EL EMPLEO

El contexto de reconstrucción exige identificar las líneas con mayor efecto tractor sobre el empleo y la economía y potenciarlas: con inversión pública y activando las palancas normativas que estimulen la inversión privada. Además del impulso a las renovables, en España se propone priorizar la movilidad sostenible, que reforzará la cadena de valor ya existente (bienes de equipo, infraestructura de recarga y componentes y vehículos eléctricos), mejorará la calidad del aire y generará ciudades más habitables, y la rehabilitación energética, en particular para viviendas, sector especialmente intensivo en empleo y que genera sinergias positivas: con la lucha contra la pobreza energética y con la digitalización en la gestión de los edificios.

Asimismo, España valora muy positivamente la recientemente aprobada Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 y coincide en que debe constituir un elemento central del plan de recuperación a la pandemia, que ha evidenciado los vínculos entre la salud humana y la de los ecosistemas y el riesgo creciente de propagación de enfermedades infecciosas.

Morán ha trasladado que nuestro país, el de mayor biodiversidad en el continente, quiere asumir un papel de liderazgo en el respaldo a la implementación de la Estrategia europea, con acciones de protección de la biodiversidad y restauración de ecosistemas europeos, claves para prevenir futuros riesgos e impulsar también la resiliencia de la economía y la sociedad, especialmente en el ámbito rural donde potenciaremos sinergias entre la protección del entorno y el reto demográfico.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE BIODIVERSIDAD

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja ya en una estrategia española de conservación y recuperación de la biodiversidad hasta 2030, que será coherente con la europea y permitirá su aplicación en el ámbito español, y aprobará en breve la Estrategia de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

Desde la economía circular, el II Plan de Economía Circular europeo constituye una referencia básica para la recuperación verde de la UE, pero es necesario respaldarlo con suficiente ambición para fomentar nuevas industrias europeas, como las de producción, servicios o gestión de residuos. Por ejemplo, mediante la reformulación de las cadenas de valor o la revisión del reglamento de traslados de residuos o de compra pública ecológica.

España está ya trabajando con este objetivo y, por ello, ha aprobado recientemente su Estrategia de Economía Circular a 2030 y está avanzando en la trasposición del paquete normativo europeo de residuos a través la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

En definitiva, Morán ha insistido en que “el impacto final de esta crisis dependerá de la solidez de la recuperación económica y social de Europa, de la recuperación de nuestras industrias, cadenas de valor a través de su adaptación a los nuevos retos y demandas en los mercados europeo y global, de la creación de empleos sostenibles para las personas en una economía modernizada, que aborde los riesgos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, y mejore la salud y el bienestar de los ciudadanos”.

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica

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Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica

 

El despliegue de renovables en España, que se ha fijado tener un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, permitirá aprovechar su potencial en términos de generación de empleo, actividad económica y competitividad, en línea con los planes de recuperación económica verde la de Unión Europea. España cuenta con un importante recurso renovable y una cadena de valor consolidada con capacidad de crecimiento

Entre otras cuestiones, la norma aprobada hoy establece hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red

El Real Decreto-ley también crea un nuevo sistema de subastas que ofrece estabilidad al inversor y permite que el conjunto de los consumidores se beneficie de los ahorros asociados a la integración de renovables en el sistema, ya que son la fuente de generación de energía más barata

Se incorporan a la regulación española nuevos modelos de negocio que el sector ya está demandando, como es el caso del almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. Al tiempo, se regulan las comunidades de energía renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética

Con el objeto de asegurar la liquidez del sistema y mitigar los desajustes que ha provocado la crisis del COVID-19, se habilita la posibilidad de inyectar el superávit de ejercicios anteriores


23/06/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy, martes 23 de junio, un Real Decreto-ley con una batería de medidas para impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. Con ello, y en el contexto de la recuperación tras el COVID-19, se establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.

GARANTÍAS PARA LOS PROYECTOS RENOVABLES FIRMES

En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW) –320MW en el año 2019 y 108MW en 2020–, y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%.

Esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes que, en la próxima década, instalarán en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.

 Por ello, resulta urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, contribuyendo así a lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE).

A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos –entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción– en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

NUEVO SISTEMA DE SUBASTAS PARA LA ORDENACIÓN DE RENOVABLES

Otra de las cuestiones clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década, activando con ello toda la cadena de valor industrial asociada, es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que, de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.

En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.  Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables,  que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

El marco vigente se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo. De hecho, los sistemas de retribución de los países del entorno de España, similares al diseñado en el Real Decreto-ley, reflejan resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable. La traslación de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a la industria, favorecerá la competitividad de la economía española.

SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES  

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Este tipo de dispositivos, tales como transformadores o reactancias, van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables, ya que aportan flexibilidad y agilidad a su operación. También son necesarias ante situaciones de reparación de averías causadas por eventos meteorológicos adversos.

Esta tercera batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, que en España está consolidada. Según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrican en España y, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país genera componentes –electrónica de potencia, estructuras, seguidores, etc.– que suman más del 65% de lo necesario para construir y operar una instalación solar.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO LIGADOS A RENOVABLES

En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación. Con ello, se optimiza la utilización de las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales, al sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.

Ambas figuras permitirán el desarrollo rápido y eficiente de proyectos renovables, aprovechando la red ya construida, minimizando el coste para los consumidores y generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, al dotar de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado.

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto como a medio plazo.

Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios (“sandboxes”) para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. Con ello se favorece un desarrollo más ágil de la regulación del sector energético basado en el testeo previo de normativa sobre nuevas tecnologías o soluciones.

LOS PUNTOS DE RECARGA DE ALTA CAPACIDAD, UTILIDAD PÚBLICA

Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

LIQUIDEZ DEL SISTEMA

Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial.

Esto permite que el conjunto de los “sujetos de liquidación”, esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de una medida que facilita liquidez a estos sujetos, permitiendo que mantengan su actividad y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica.

Además, el Real Decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable.

APOYO A COGENERACIÓN, LODOS DE ACEITE Y BIOMASA

En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Esto incluye a las instalaciones de cogeneración, a las instalaciones de tratamiento de purines, a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas. Se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Con ello, se presta apoyo especialmente al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías.

En concreto, para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente.

TRANSICIÓN JUSTA

Para facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, que permitirá el despliegue y financiación de proyectos que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en transición energética, se ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En este Real Decreto-ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.

La capacidad de acción de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales térmicas de carbón que cierren es un importante activo para la generación de empleo y nuevos proyectos industriales en las zonas de transición. El Real Decreto-ley 17/2019 posibilitó al Gobierno regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de dicha capacidad que ponderen,  además de las cuestiones técnicas y económicas, los potenciales beneficios medioambientales y sociales. Para poder diseñar y convocar estos procedimientos a la mayor brevedad, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO para que solicite al operador del sistema el cálculo de la capacidad máxima disponible en cada uno de estos nudos.  

AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.   

El Gobierno publica recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19

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El documento establece recomendaciones, dirigidas a profesionales técnicos del sector, sobre el uso y el mantenimiento de los sistemas de ventilación o climatización de edificios y locales, como pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otros

La guía ha sido coordinada por los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en colaboración con expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación


22/06/2020.- El Gobierno de España ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales comerciales dirigido a  profesionales  del sector. El documento establece una serie de criterios técnicos para proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en espacios y locales públicos con ventilación o climatización mecánica, como pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otras.

La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con la participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación. Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades científicas. 

Puede consultarse en este enlace.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/default.aspx


Las recomendaciones son las siguientes:

  1. La guía enfatiza que la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante, que es el valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios. 
  2. Es aconsejable verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen, al menos, en sus condiciones nominales de diseño y que las posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema sean mínimas (filtros con colmatación, etc.).
  3. Si el sistema dispone de controles específicos de calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda desconectarlos, dando prioridad al caudal del sistema (por horario). En concreto, en horario laboral, se aconseja trabajar con el caudal máximo que permita el sistema desde dos horas antes de la apertura y hasta dos horas después del cierre. En las horas restantes de la semana, incluido fines de semana, es preferible que el sistema continúe funcionando a bajo caudal, pero nunca a nivel inferior del 25% del caudal de aire nominal.
  4. En aquellos dispositivos que lo posibiliten, la guía recomienda eliminar o reducir la recirculación del aire siempre que las condiciones de operación lo permitan.
  5. En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, se aconseja realizar una inspección antes de ponerlos en funcionamiento. En los recuperadores de placas, por su parte, se recomienda verificar las posibles fugas.
  6. Si existe un sistema de extracción específico para la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina -como, por ejemplo, vestuarios-, es recomendable mantenerlos activos de forma permanente.
  7. Cuando el edificio, en origen, no disponga de sistemas de ventilación mecánica, la guía recomienda la apertura de ventanas accesibles, favoreciendo la ventilación cruzada. Se aconseja realizar una ventilación regular con ventanas incluso en edificios con ventilación mecánica. 
  8. Se recomienda no modificar la temperatura de consigna ni de calefacción ni de refrigeración. 
  9. Los rangos reglamentarios sobre humedad relativa –entre el 30% y el 70%- se consideran adecuados, por lo que la guía aconseja mantener los puntos de consigna previamente establecidos en el edificio. 
  10. En el caso de que en el edificio haya “fancoils”, “splits” inductores u otro tipo de unidades interiores de expansión directa, es aconsejable que estos dispositivos funcionen de manera acompasada y solidaria con las unidades exteriores. La guía recomienda aumentar, tanto como sea técnicamente posible, la filtración del aire recirculado si el equipo lo permite, y siempre y cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo. 
  11. Si el local presenta dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se aconseja el uso de unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es preciso que mantengan un índice de movimientos hora significativo. La eficacia de estos equipos depende de su correcta selección y dimensionamiento, por lo que se debe realizar por técnico competente. Particularmente, la guía recuerda que no se pueden usar equipos basados en la generación de ozono en locales con presencia de personas y  que la Organización Mundial de la Salud advierte contra la utilización de las lámparas UV-C para desinfectar las manos o cualquier otra superficie de la piel. Por tanto, no se recomienda su uso en ambientes en los que haya presencia de personas. 
  12. El documento considera las labores de mantenimiento tan relevantes como las de operación del sistema. Así, en el supuesto de aquellos edificios y establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es recomendable realizar una revisión general de la instalación de climatización antes de la reapertura, limpiando rejillas, difusores, filtros y baterías. Y si la instalación es de ventilación, es conveniente realizar un proceso de purga del aire interior tanto del edificio como del sistema, para lo que bastaría con el arranque del sistema de ventilación para ofrecer un número de renovaciones del aire interior adecuado.
  13. La guía no considera preceptivo realizar la limpieza de los conductos si se siguen las recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire exterior, ausencia de recirculación y parada de recuperadores rotativos. Esta recomendación no exime de la preceptiva revisión, una vez por temporada, de la red de conductos según los criterios de la norma UNE 100012.
  14. Es aconsejable reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento ya establecido en cada edificio. Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda mejorar la eficacia del filtro, siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo. 
  15. El documento también estima conveniente revisar y limpiar las unidades de impulsión y retorno.
  16. Las labores de mantenimiento deben realizarse de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas en los protocolos de cada empresa y según las directrices del Ministerio de Sanidad. En concreto, la guía enfatiza la necesidad de actuar de forma segura en el caso de cambios de filtro. Las medidas de protección serán las habituales, incluyendo protección respiratoria obligatoria y guantes para todas ellas.
  17. Ante un posible caso positivo de COVID-19, se recomienda que el espacio donde se haya alojado la persona sea ventilado durante, al menos, cuatro horas. La ventilación debe comenzar al menos dos horas antes de iniciar las labores de desinfección. Dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio, se recomienda incluir las rejillas de impulsión y retorno de aire; la extracción, la limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera (fancoil, split); y la limpieza y desinfección de la unidad interior, si existe, pulverizando una solución desinfectante.

El IDAE pone a disposición de las CCAA la transferencia inmediata de las ayudas del Plan MOVES II

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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) transferirá los fondos con carácter inmediato una vez que las CCAA hayan cursado la solicitud

Una vez aprobadas las bases del programa, son las comunidades autónomas las que han de convocar mediante resoluciones propias estas ayudas, que suman un total de 100 millones de euros

El plan financiará, con ayudas directas, las compras de vehículos vehículos eléctricos o híbridos enchufables realizadas por particulares desde el día de entrada en vigor del real decreto, el 18 de junio

 

19 de junio 2020.- El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) se ha reunido hoy con representantes de las comunidades autónomas (CCAA) y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para agilizar la coordinación y puesta en marcha de las ayudas del Programa MOVES II, aprobado en el RD 569/2020, del Consejo de Ministros del pasado 16 de junio. 

El objetivo del encuentro, convocado por el IDAE y al que han asistido los directores generales de Industria y Energía autonómicos, es favorecer que las convocatorias del mencionado programa se lleven a cabo cuanto antes y con éxito en los distintos territorios.

En este sentido, el IDAE ha informado a las CCAA de que está en disposición de hacer la transferencia de los fondos que corresponden a cada una de ellas con carácter inmediato, una vez cursada las solicitudes.

Aprobadas las bases del programa, son las comunidades autónomas las que han de convocar mediante resoluciones propias estas ayudas, que suman un total de 100 millones de euros, ampliando su dotación en un 222%.

Las compras de particulares, desde el 18 de junio

En la reunión se ha recordado que el programa financiará, con ayudas directas, las adquisiciones de vehículos turismo y furgonetas eléctricos o híbridos enchufables realizadas por particulares desde el día de entrada en vigor del real decreto, es decir, desde el 18 de junio. Una medida que busca reactivar con la mayor rapidez posible las ventas a particulares, de forma que éstas no se vean paralizadas hasta la publicación las convocatorias autonómicas. El procedimiento a seguir para la posterior solicitud y tramitación de la ayuda se indicará en la correspondiente convocatoria autonómica.

Las actuaciones que contempla el MOVES II son proyectos relacionados con la adquisición directa de vehículos eléctricos, instalación de infraestructuras de recarga, sistemas de préstamos de bicicletas, así como la implantación de planes de transporte al trabajo y medidas de los ayuntamientos para adoptar movilidad de los ciudadanos a las exigencias impuestas  por  la COVID19.

El programa MOVES II se inscribe en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada” del Gobierno de España y tiene como objetivo favorecer que el sector aproveche todas las oportunidades en términos de generación de empleo, actividad económica y mejora de la competitividad que ya está ofreciendo el cambio a una movilidad sostenible.


 

 

 

El Gobierno aprueba un nuevo plan de ayudas de 100 millones para fomentar la movilidad sostenible

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La segunda edición del Plan MOVES duplica su dotación respecto de la anterior edición, que contó con 45 millones

Financiará, entre otras cuestiones, la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de infraestructura de recarga y de sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas, así como medidas para facilitar la movilidad sostenible de empleados y clientes a centros de trabajo

Como novedad, los ayuntamientos podrán emplear las ayudas para realizar adaptaciones rápidas para responder a las necesidades de movilidad que han surgido como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, como puede ser la conversión de carriles convencionales en carriles bici o espacios peatonales

El programa se inscribe en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada” del Gobierno de España y tiene como objetivo favorecer que el sector aproveche todas las oportunidades en términos de generación de empleo, actividad económica y mejora de la competitividad que ya está ofreciendo el cambio a una movilidad sostenible

16 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases de la segunda edición de Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES II). El plan, elaborado con la participación de las comunidades autónomas y el sector, ha ampliado su dotación en un 222%, pasando de los 45 millones de la edición anterior a una dotación de 100 millones de euros. 

MOVES II financiará, con ayudas directas, la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables —hasta los 5.500 euros, en el caso de los coches 100% eléctricos—, la instalación de infraestructura de recarga y de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo. Respecto de la primera edición, el programa incorpora la posibilidad de que los ayuntamientos empleen las ayudas para realizar adaptaciones rápidas que les permitan responder a las necesidades de movilidad que han surgido como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, como puede ser la conversión de carriles convencionales en carriles bici o espacios reservados para el peatón.

El programa se inscribe en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada”, activado por el Gobierno de España para que la industria de la automoción, estratégica y con efecto tractor, pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen cambios asociados a la nueva movilidad ligada a los procesos de descarbonización y de transformación digital.  De hecho, España ya cuenta con una consolidada cadena de valor de la electromovilidad, vinculada fundamentalmente a los sectores de bienes de equipo y la electrónica de potencia, con una aportación de fabricación nacional de entre el 70 y el 90%. El país también dispone ecosistemas de fabricación de vehículos significativos en segmentos como el de los autobuses o las motocicletas eléctricas, de las que España es el primer fabricante europeo. 
 

Activación económica ligada a la movilidad sostenible

MOVES II ha aumentado su presupuesto en 55 millones de euros con respecto a la edición de 2019, dotada con 45 millones. Los 100 millones del nuevo programa provienen de líneas presupuestarias asignadas al Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente de MITECO. 

Entre las novedades de esta segunda edición, destaca que las comunidades y ciudades autónomas podrán llevar a cabo inversiones directas con cargo al programa para, por ejemplo, instalar puntos de recarga en hospitales u otros edificios de su titularidad, o renovar sus flotas de vehículos y transporte público.

La inversión pública del Estado que contempla MOVES II podría llegar a movilizar un valor añadido de entre 3,5 y 4 millones de euros por cada millón invertido, generando más de 5.000 empleos. Al tiempo, se contribuye a mitigar las emisiones contaminantes y de gases efecto invernadero: el programa podría promover un ahorro de 14 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) al año y una reducción de emisiones  anual estimada en unas 40.250 toneladas de CO2.

Fomento de la adquisición de vehículos alternativos

Las ayudas para la compra de vehículos alternativos varían entre los 750 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo (coche, moto, furgoneta, autobús o camión), de su motorización (híbrido enchufable, eléctrico puro o gas, combustible reservado solo al transporte pesado porque las alternativas eléctricas no cuentan con suficiente desarrollo). En el caso de los vehículos ligeros eléctricos, la subvención puede llegar a los 5.500 euros si incluye el achatarramiento del vehículo antiguo, que debe tener más de siete años. Si se opta por no achatarrar, la ayuda sería de 4.000 euros.
 
En esta primera línea de financiación, los beneficiarios pueden ser profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y entidades públicas vinculadas a ellas, administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado.

En el caso del impulso a la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, claves en la electrificación del parque móvil y cuya cadena de valor está ampliamente desarrollada en España, MOVES II establece un límite de ayudas de 100.000 por destinatario último y convocatoria. Serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario. En cuanto la financiación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, el límite de 100.000 euros y el coste subvencionable será del 30%.
 

Respuestas de movilidad frente al COVID-19

La cuarta línea del programa está especialmente diseñada para favorecer que empresas y administraciones puedan ofrecer soluciones de movilidad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Así, MOVES II apoya a las empresas para implantar planes de Transporte al trabajo que, junto con el teletrabajo y otras medidas de organización, les permitan ofrecer mayores alternativas de transporte seguro y sostenible a trabajadores y clientes en estos momentos.

Los ayuntamientos también podrán acudir a MOVES II para financiar iniciativas de fomento de desplazamientos individuales a pie y en bicicleta, en moto o en otros medios de desplazamiento unipersonal, a través de la implantación de sistemas de préstamos o la adaptación de carriles para estos usos, calmado de tráfico, establecimiento de espacios compartidos o ampliación de aceras y espacios públicos. De igual modo, se podrán emplear los fondos del programa para reforzar el transporte público, fomentando su uso como transporte seguro y sostenible. Entre otras acciones, MOVES puede apoyar medidas de integración multimodal,  carriles exclusivos, tarificación flexible y sencilla,  digitalización para dar información en tiempo real. También son financiables acciones para garantizar un reparto de última milla sostenible, mediante adaptaciones rápidas de la ciudad. 

El apoyo para la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo y de las adaptaciones rápidas para responder a las necesidades de movilidad vinculadas al COVID-19 puede ascender hasta los 500.000 euros,  salvo que el órgano gestor en su convocatoria fije un límite inferior con base en el presupuesto asignado a la medida. La ayuda será del 40% del coste subvencionable para los destinatarios últimos de ayuda, salvo para aquellos destinatarios sin actividad comercial ni mercantil –como es el caso de los ayuntamientos-, en cuyo caso la ayuda será del 50%.

Las ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administración,  que tengan la misma finalidad.

Las comunidades autónomas concretarán, en sus correspondientes órdenes, el reparto presupuestario entre las distintas actuaciones. No obstante, el Real Decreto establece que hasta el 70% podrá destinarse a la compra de vehículos alternativos; hasta un 50% podrá dirigirse a la implantación de puntos de recarga; y un mínimo de un 10% deberá dedicarse al incentivo de planes de trabajo o medidas adoptadas por los ayuntamientos como respuesta a las necesidades de movilidad asociadas a la crisis del COVID-19. 
 

Reparto de las ayudas

El programa MOVES II estará coordinado por el IDAE y gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios. El criterio de reparto del presupuesto se ha consensuado con la Conferencia Sectorial de Energía, el órgano de coordinación entre el MITECO y las administraciones autonómicas en esta materia, y está basado en el Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Comunidad AutónomaPresupuesto asignado (€)
Andalucía17.954.692
Aragón2.813.525
Principado de Asturias2.177.821
Illes Balears2.531.518
Canarias4.701.831
Cantabria1.239.194
Castilla y León5.129.706
Castilla - La Mancha4.335.331
Catalunya16.120.376
Comunitat Valenciana10.599.235
Extremadura2.269.899
Galicia5.753.324
Comunidad de Madrid14.150.116
Región de Murcia3.169.485
Comunidad Foral de Navarra1.384.718
Euskadi4.640.001
La Rioja668.067
Ceuta180.729
Melilla180.431
Total100.000.000


Impulso a proyectos singulares

El “Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada” incorpora también la segunda edición de MOVES Singulares, destinado a la promoción de proyectos singulares de innovación industrial en el ámbito de la movilidad sostenible. 

Se prevé que, en 2020, MOVES Singulares, cuya tramitación ya se ha iniciado, duplique su presupuesto hasta los 30 millones de euros para apoyar proyectos de innovación en cadena de valor de la movilidad sostenible y el vehículo eléctrico, así como medidas que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono. En particular, se promoverá el desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de modelos de vehículos cero emisiones, la integración de infraestructura de recarga avanzada, redes inteligentes y vehículo eléctrico, y aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico.

 A la primera edición de MOVES Singulares, dotado con 15 millones y que se encuentra actualmente en fase de evaluación de los expedientes, se han presentado 130 candidaturas por un importe total de ayuda solicitada de 64,5 millones de euros.  

Por otro lado, y entre otras actuaciones, el Plan del Gobierno de España para el también prevé la activación, entre 2021 y 2021, de un “Plan de despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico”. En  concreto, se implementarán aquellos mecanismos normativos y de impulso que sean necesarios para la instalación acelerada de una infraestructura de recarga de primer nivel en España, con el objetivo de lograr los 50.000 puntos de recarga antes de 2023, en línea con el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Entre otras medidas incorpora el desarrollo de mapa interactivo interoperable con ubicación y estado de los puntos de carga en vía pública, y se fija como objetivo garantizar la interoperabilidad y accesibilidad de la infraestructura de recarga y simplificar de la tramitación administrativa para la infraestructura de recarga. También incorporará medidas normativas para la instalación de infraestructura de recarga en determinados aparcamientos, así como en las estaciones de servicio con mayores ventas, así como para favorecer el despliegue de infraestructura de recarga en los municipios del país, estableciendo objetivos mínimos en función del número de habitantes del municipio.

Tabla de ayudas simplificada

Más información MOVES II

Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada

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El Gobierno refuerza el sector del automóvil con un Plan dotado con 3.750 millones euros

16 junio 2020.- El Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y las principales asociaciones de la industria de la automoción, ha presentado ayer, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el "Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada".

El "Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada" incluye 20 medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logístico, de competitividad, de formación y cualificación profesional, de compra pública sostenible y de planificación estratégica que dan cobertura a toda la cadena de valor de la industria. Además, este Plan promueve una movilidad segura y sostenible en un contexto de cambios asociados a la descarbonización y de transformación digital.

El Plan cuenta con un presupuesto de 3.750 millones de euros e incluye medidas de impacto a corto plazo, que se implementarán y ejecutarán en este año 2020, y medidas estratégicas de medio plazo, que se implementarán y ejecutarán a partir del próximo año 2021 y que podrán ser financiadas con el apoyo de los fondos europeos para la recuperación.

Acceda al contenido íntegro de la noticia publicada en la página de Presidencia del Gobierno
 

La empresa pública BiMEP firma un acuerdo con la tecnológica SAITEC para instalar el primer aerogenerador marino flotante en España

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BIMEP, empresa participada en un 75% por el EVE y un 25% por el IDAE. 

El prototipo de plataforma eólica marina flotante DemoSATH será una de las primeras instalaciones de este tipo en el mundo, abriendo camino a futuros parques eólicos precomerciales y comerciales marinos flotantes en España

El desarrollo de esta tecnología supone un impulso a las energías renovables marinas, claves de la recuperación verde para alcanzar la neutralidad climática

La firma de este contrato inicia los trabajos que culminarán, en el próximo año, con la instalación de un aerogenerador flotante en aguas del área de ensayos de BiMEP

 

12 de junio de 2020- La empresa pública BiMEP, dependiente del Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) con un 75% y participada en un 25% por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha firmado un acuerdo con la empresa de ingeniería SAITEC para desarrollar un proyecto piloto consistente en la instalación de una innovadora plataforma flotante con un aerogenerador marino de 2 MW.

La firma del contrato inicia los trabajos que finalizarán, en el próximo año, con la instalación de un aerogenerador flotante denominado “Proyecto Piloto DemoSATH” en aguas de la zona de ensayos de BiMEP, en condiciones marinas reales. La energía eléctrica generada se trasladará a tierra mediante las infraestructuras eléctricas submarinas y toda la energía será inyectada a la red de distribución.

El impulso de la energía eólica marina es clave en el proceso de transición hacia la neutralidad climática. Por ello, el proyecto de Ley de Cambio Climático da un impulso al desarrollo de energías renovables, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) apuesta por el impulso de las energías del mar para reducir sus costes de generación mediante mecanismos de apoyo a instalaciones precomerciales y a la I+D+i de dispositivos de ensayos de nueva generación. Además, señala el elevado potencial de España en el sector de la energía eólica marina con tecnología flotante en el horizonte 2030 debido a su disponibilidad de aguas marinas profundas y a sus niveles de competitividad crecientes.

Tecnología puntera a nivel mundial

DemoSATH es el primer prototipo a escala real de una infraestructura eólica marina flotante conectada a red en España. El aerogenerador, que consta de una cimentación flotante de hormigón y un aerogenerador de 2 MW de potencia con unas dimensiones de 30 metros de manga y 67 de eslora, y se ubicará a 2 millas de la costa vasca en una zona de 85 metros de profundidad frente al puerto de Armintza.

Este tipo de tecnología flotante permite reducir la cantidad de material utilizado para la implantación de aerogeneradores marinos y utilizar técnicas de transporte por mar y montaje con logística marítima convencional. Además, el futuro despliegue de la eólica marina y otras energías del mar contribuirá a consolidar y potenciar la cadena de valor del tejido industrial asociado, que presenta sinergias con otros sectores estratégicos como la construcción naval, los astilleros, la ingeniería civil o las industrias electrointensivas.

El desarrollo de este prototipo ha contado con una ayuda de casi 2 millones de euros de fondos europeos bajo el programa HORIZON 2020, así como con el apoyo financiero de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.

La madurez de la tecnología flotante permitirá a España posicionarse en el sector de la energía eólica marina al superar uno de los principales inconvenientes técnicos de la península: la estrechez de su plataforma continental. Esto hace que, a partir de reducidas distancias de la costa, las profundidades marinas sean muy elevadas (el 92% de las áreas marinas en España hasta una distancia de 24 millas náuticas se encuentran a profundidades superiores a los 50 metros). La tecnología eólica flotante permitirá la instalación de aerogeneradores en emplazamientos más alejados de la costa que antes eran técnica y económicamente inviables.

Situación de la eólica en la UE y en el mundo

Europa ya es líder en potencia eólica marina a nivel mundial con 22 GW instalados a finales de 2019, frente a los 6 GW del resto del mundo. El desarrollo de este tipo de tecnologías puede suponer una gran oportunidad para la recuperación verde de España y de la Unión Europea. 

El Pacto Verde Europeo incluye en sus previsiones de desarrollo para alcanzar la neutralidad climática la importancia de aumentar la producción de energía eólica marina, el papel crucial que desempeñará la economía azul sostenible y la gestión de forma más sostenible del espacio marino, especialmente para facilitar el acceso a las energías renovables marinas. De hecho, el pacto prevé la publicación de una “Estrategia en materia de energía eólica marina”.

Además, el Plan Estratégico Europeo en Tecnologías Energéticas (SETPlan) contempla el objetivo de consolidar el liderazgo global de la Unión Europea en energía eólica marina, identificando el desarrollo de la eólica flotante como una de las acciones prioritarias para alcanzar dicha meta.

La tecnología de aerogeneradores flotantes es novedosa a nivel mundial. Existen pocas instalaciones en servicio en el mundo, con alrededor de 65 MW en total, y se encuentran en Noruega, Escocia, Francia, Japón y Portugal, por lo que el prototipo DemoSATH será una de las primeras instalaciones de tecnología eólica flotante del mundo, permitiendo a España, aún, ser líder de este mercado. Esto abrirá camino al desarrollo de futuros parques eólicos marinos flotantes precomerciales y comerciales.
 

Notas técnicas sobre el Proyecto Piloto DemoSATH (Ver "documentos adjuntos" en esta misma página)

Más información sobre la energía eólica marina