Esta situación tiene lugar, además, en un contexto en el que la producción de combustibles fósiles se encuentra concentrada en un pequeño grupo de países, varios de ellos sometidos a situaciones de alto riesgo geopolítico y con dificultades para la inversión, lo cual explica, al menos en parte, la presión al alza en los precios de la energía.

En estas circunstancias, España viene registrando en los últimos años un crecimiento de la demanda energética superior al resto de países de la Unión Europea, en buena medida debido al crecimiento de la actividad económica y de la población. Además, nuestro país sigue siendo altamente dependiente de los combustibles fósiles, lo que representa un riesgo que compromete la garantía de suministro energético.

Por otro lado el consumo de energía es responsable del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las emisiones de GEI de origen energético han crecido un 63% entre 1990 y 2005, como consecuencia del uso intensivo de energías fósiles. Todos los sectores de la economía han sido responsables del incremento de las emisiones de origen energético, pero la construcción, la generación de electricidad y, en particular, el transporte han tenido una contribución especialmente significativa.

Para lograr un crecimiento sostenible tenemos que ser capaces de satisfacer nuestras necesidades económicas, sociales y ambientales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para cubrir las suyas. La política energética nacional debe dirigirse a mitigar el cambio climático y garantizar la calidad y seguridad de abastecimiento, por un lado, y a convertir al sector de la energía en un vector de innovación, empleo, riqueza y sostenibilidad que revierta en el conjunto de la sociedad, por otro. Debemos impulsar el cambio tecnológico hacia fuentes más limpias y configurar un modelo de crecimiento que establezca una exigencia de evaluación del impacto energético de todas las decisiones.

En el ámbito del ahorro energético, los buenos resultados obtenidos y la experiencia acumulada hasta 2007 en la ejecución del Plan de Acción de la E4 2005-2007 han llevado al Gobierno español a aprobar, en julio de 2007, un nuevo Plan de Acción para el periodo 2008-2012. Los objetivos energéticos y de emisiones de CO2 de esta nueva planificación modifican al alza los previstos inicialmente en la E4 para el año 2012. El Plan de Acción concentra sus esfuerzos en siete sectores de gran consumo y especifica medidas concretas para cada uno de ellos. Se mantiene la cooperación con las CC. AA., tanto en la ejecución como en la financiación del Plan, aunque se prevé agilizar la gestión y disminuir los trámites administrativos.

En lo que se refiere al Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, en 2007 el IDAE ha continuado ejecutando las actividades previstas en el apartado inversor, de desarrollo tecnológico, normativo, institucional y de apoyos públicos, con resultados muy positivos. Las energías renovables superan en 2007, por primera vez, el umbral de los 10 millones de tep. Globalmente, deben destacarse los progresos en las áreas eólica, solar y de los biocarburantes. En términos de potencia eléctrica instalada, las renovables alcanzan ya prácticamente el 50% de los objetivos de incremento del PER para 2005-2010.

En el contexto de estos dos planes es de destacar el importante papel que juega el IDAE, ya que le corresponde el diseño de medidas anuales prioritarias, el seguimiento de la implantación de las mismas y la transmisión de fondos públicos para su ejecución.

Hay que señalar también la relevancia de otras actividades del Instituto de carácter complementario, como el apoyo al desarrollo normativo, el impulso de programas de comunicación e información al ciudadano, la asistencia técnica para la realización de proyectos singulares de demostración de tecnologías y la ejecución de estudios estratégicos. Igualmente, el IDAE presta labores de asistencia técnica al MITyC y a otros departamentos ministeriales y mantiene una participación activa en un gran número de grupos de trabajo y asociaciones, tanto nacionales como internacionales, representando a la Administración española o facilitando el desarrollo empresarial en general, y realiza tareas de apoyo a la I+D+i energética en el ámbito de sus competencias.

Una de las herramientas imprescindibles para la estrategia del IDAE es la actividad inversora. Se ha consolidado en este sentido durante 2007 un nuevo modelo de colaboración financiera por el que el Instituto, por una parte, presta servicios de asesoramiento y coordinación en todas las fases de ejecución y explotación de un proyecto de inversión y, por otra, lo financia. Así mismo, se mantiene la línea de préstamos “IDAE 2007”, instrumento para financiar inversiones en proyectos de energía solar térmica, fotovoltaica aislada y biomasa doméstica e instalaciones de cogeneración.

En definitiva, el papel y el compromiso con la eficiencia energética y las energías renovables a través de una amplia serie de actuaciones, junto a su participación estratégica en el desarrollo de otras políticas que afectan al sector energético, constituyen elementos críticos para la política energética nacional y el IDAE juega en todos ellos un papel clave, que debe ser reconocido y consolidado ante los importantes retos que se plantean para los próximos años.